La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) salió al paso del mensaje emitido por la Secretaría de Gobernación, al considerar que la dependencia federal desconoce la situación que vive el transporte de carga. La organización, junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, sostuvo que la crisis no se resuelve con comunicados optimistas, sino con respuestas reales frente a la inseguridad, los costos operativos en aumento y la falta de respaldo institucional para operadores y familias afectadas por la violencia en carreteras.
De acuerdo con ambos grupos, el llamado oficial a evitar movilizaciones ignora problemas que llevan años sin resolverse. Señalaron que cada día hay camiones robados, operadores heridos y familias enteras que quedan desprotegidas sin que existan mecanismos eficaces de atención. Aunque reconocen la existencia de mesas de trabajo, afirman que éstas no han generado avances concretos y que el gremio ya no está dispuesto a continuar en espera indefinida.
Por ello, confirmaron el arranque de un paro nacional indefinido para el 6 de abril, con presencia en rutas y puntos estratégicos del país. Sus exigencias incluyen medidas contundentes de seguridad, apoyo directo a víctimas, simplificación de trámites, revisión de cargas fiscales y acciones contra la extorsión, fenómeno que —afirmaron— se ha vuelto cotidiano.
La postura generó división, pues varias cámaras empresariales y agrupaciones del transporte se deslindaron del movimiento, llamando a privilegiar el diálogo. En respuesta, la ANTAC y el FNRCM acusaron a estos organismos de mantener vínculos preferenciales con autoridades y de no representar a quienes enfrentan la violencia en carretera. Afirmaron que el momento actual marcará un parteaguas en el sector: de un lado, quienes exigen justicia; del otro, quienes —aseguran— optan por mantener silencio ante la gravedad de la crisis.