Fiscalía acusa a alcaldesa de Tenancingo de planear secuestro falso para justificar presunto desfalco de 40 mdp

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señaló a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, como presunta responsable de organizar un supuesto secuestro que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido diseñado para justificar la obtención irregular de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos municipales.

Las indagatorias establecen que el plan comenzó a gestarse desde febrero de este año y habría contado con la participación de la propia presidenta municipal, su esposo José Roberto “N” y su cuñado Óscar “N”. Según la autoridad, el objetivo era simular una privación de la libertad para exigir un rescate millonario que terminaría siendo cubierto con dinero del ayuntamiento.

La Fiscalía informó que ya ejerció acción penal contra seis personas relacionadas con el caso. Entre ellas se encuentra la alcaldesa, mientras que José Roberto “N” y Óscar “N” permanecen prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con la investigación, Óscar “N” habría reclutado a Cristian “N”, a quien ofreció una compensación económica por participar en el montaje. Posteriormente, este involucró a su pareja, Karla Valeria “N”, y al hermano de ella, Víctor Manuel “N”. Las autoridades detectaron más de un centenar de comunicaciones telefónicas entre algunos de los implicados durante los meses previos a los hechos, elemento que fue incorporado a la carpeta de investigación.

El supuesto secuestro fue reportado el 31 de mayo. En aquel momento se informó que la alcaldesa había sido interceptada por personas armadas cuando se encontraba frente a su domicilio. Sin embargo, los análisis posteriores realizados por la FGJEM, apoyados en videograbaciones, entrevistas y estudios de telefonía, llevaron a una conclusión distinta.

Las imágenes revisadas por los investigadores, según la dependencia, no muestran actos de violencia, forcejeos o resistencia durante el momento en que Nancy “N” abordó el vehículo donde presuntamente sería privada de la libertad. Por el contrario, los registros sugieren que existió colaboración entre los participantes y que el traslado ocurrió sin señales de sometimiento.

Otro de los hallazgos relevantes fue la identificación del automóvil utilizado durante el recorrido. La unidad era empleada habitualmente por Karla Valeria “N”, una de las personas señaladas por intervenir directamente en la ejecución del plan.

Las investigaciones también indican que, durante el trayecto, la alcaldesa realizó llamadas telefónicas a familiares. En esas comunicaciones habría pedido expresamente que no se notificara a las autoridades, pese a que ya se había iniciado un operativo de búsqueda tras los reportes de testigos. Asimismo, habría orientado a sus acompañantes sobre las rutas que debían seguir para evitar cámaras de vigilancia.

La Fiscalía sostiene que incluso utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para contactar a su hermana y comunicarle que se encontraba en buenas condiciones, insistiendo en que no alertara a la policía.

Conforme avanzó el despliegue de seguridad, la situación cambió. De acuerdo con las declaraciones recabadas, la propia alcaldesa manifestó a quienes la acompañaban que el plan se había complicado debido a la intervención policial. Posteriormente solicitó ser dejada en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, desde donde más tarde reportaría haber escapado de sus captores.

En ese sitio fue localizada por su esposo y por el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio. Mientras tanto, los demás participantes abandonaron el Estado de México.

El 11 de junio, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” fueron detenidos en Oaxaca mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

Respecto a Nancy “N”, la FGJEM informó que enfrentará una audiencia de formulación de imputación por el delito de simulación de secuestro, programada para el próximo 9 de julio. La legislación vigente contempla sanciones que pueden incluir hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Además de la investigación por la presunta simulación, la Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que profundicen en las indagatorias relacionadas con el posible desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal, recurso que, según la hipótesis ministerial, habría motivado la planeación de todo el esquema.