SSP reconoce omisión policial en Tepeaca tras estallido de autotanques; relevan a mandos de la Semar

Puebla, Pue.- La complacencia, el quebrantamiento flagrante de los protocolos básicos de vigilancia y una omisión que raya en la complicidad institucional han sumido al municipio de Tepeaca en una de sus crisis de seguridad más severas. Tras la explosión en cadena de seis autotanques destinados al trasiego clandestino de gas Licuado de Petróleo (LP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla se vio obligada a admitir públicamente el fracaso rotundo de sus cuerpos de vigilancia en la región, desencadenando la destitución y el relevo inmediato de todo el personal operativo de la Secretaría de Marina (Semar), incluido el comandante a cargo del sector.

La admisión del fracaso: “Mi personal no está haciendo su trabajo”

En una declaración inusualmente tajante durante la rueda de prensa de este martes, el titular de la SSP estatal, Francisco Sánchez González, eludió las justificaciones burocráticas y confrontó de manera directa la crisis. Con la experiencia de quien conoce la operatividad de campo, el funcionario reconoció que la catástrofe pudo y debió evitarse si las dependencias encargadas de vigilar el perímetro hubieran cumplido con su mandato constitucional.

“Yo soy el primero en aceptar que mi personal no está haciendo bien su trabajo, porque esta actividad, en un lugar que no es tan grande, sucede”, manifestó con dureza Sánchez González.

Sus palabras resonaron como un eco de frustración ante un siniestro que no solo expuso la vulnerabilidad de la infraestructura energética, sino también el nivel de camuflaje con el que operan las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo (huachicol) en la zona. El secretario detalló que tras el siniestro se percataron de una alarmante realidad urbana: la existencia de patios de viviendas particulares que son utilizados impunemente como centros de almacenaje ilegal. En los operativos subsiguientes, las autoridades hallaron “salchichas” con combustible montadas de forma precaria en camionetas de redilas.

El factor Semar y la atracción de la justicia federal

La magnitud del desastre y la confirmación de la manipulación de redes de suministro de carácter nacional provocaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera de inmediato la carpeta de investigación. Al tratarse de la sustracción ilícita de hidrocarburo, un delito del orden federal consagrado en la legislación mexicana, las instancias estatales han quedado supeditadas al apoyo técnico y ministerial de la federación para el deslinde absoluto de responsabilidades.

Paralelamente, y como una medida drástica de carácter preventivo y correctivo, se ordenó el relevo completo de los efectivos de la Secretaría de Marina destacados en funciones de seguridad pública en Tepeaca. La remoción no excluyó a los altos rangos; el propio comandante que encabezaba los operativos navales en la demarcación fue destituido, abriendo paso a un nuevo cuerpo de mandos que tendrá la titánica labor de recuperar la confianza ciudadana. De hecho, la propia presión social y la información proporcionada por los vecinos tras el estallido permitieron a las fuerzas del orden ubicar y asegurar cuatro predios adicionales en los alrededores que operaban bajo este mismo esquema criminal.

El vacío legal que paraliza a Protección Civil

El incidente de Tepeaca no solo desnudó la crisis policial, sino que también sacó a la luz una severa debilidad institucional en el ámbito de la prevención de riesgos. Sánchez González admitió que, a pesar de contar con protocolos escritos, estos simplemente fueron ignorados. Además, evidenció que la Coordinación de Protección Civil del Estado carece actualmente de las facultades jurídicas necesarias para realizar verificaciones exhaustivas y sancionar de manera autónoma a los centros establecidos de distribución de gas LP.

Ante esta parálisis institucional provocada por lagunas de carácter legal, el secretario urgió al Congreso y a las áreas de gobierno a promover una legislación vigente y enérgica. Un marco normativo moderno que dote al área administrativa del poder de inspeccionar, clausurar y señalar con prontitud las fallas operacionales de cualquier instalación de carburación, impidiendo que los vacíos de competencia sigan operando a favor de la delincuencia organizada. La lección de Tepeaca queda clara: a un kilómetro del predio cero se localizó un ducto perforado.