La participación de agentes extranjeros en operativos contra el crimen en Chihuahua encendió un nuevo frente entre el gobierno federal y autoridades estatales. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tanto el gobierno local como la fiscalía habrían actuado fuera del marco legal al permitir esta colaboración sin autorización federal. Subrayó que no se trata de un conflicto político, sino de un tema de cumplimiento de la ley.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que intentó comunicarse con la gobernadora Maru Campos, pero no logró establecer contacto directo. Adelantó que el tema será abordado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una reunión próxima. La intención, dijo, es aclarar los hechos y revisar cómo se dio esta coordinación.
Sheinbaum dejó claro que su administración busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero bajo reglas definidas. Insistió en que cualquier colaboración debe respetar la soberanía nacional y contar con la validación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal como lo establece la normativa vigente.
El caso también llegó al Senado. Legisladores de Morena plantearon que la actuación del gobierno de Chihuahua podría derivar en un juicio político. Señalan que permitir la intervención de agentes extranjeros en tareas operativas podría constituir una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Algunos senadores incluso mencionaron la posibilidad de responsabilidades penales, al considerar que este tipo de acciones podrían encuadrar en delitos previstos en la legislación federal. Por ello, pidieron que la Fiscalía General de la República analice el caso.
Desde el Ejecutivo federal se reiteró que la principal responsabilidad recae en las autoridades estatales que solicitaron el apoyo externo. Además, se instruyó revisar los convenios existentes entre entidades federativas y gobiernos extranjeros, con el fin de establecer lineamientos claros y evitar situaciones similares en el futuro.
