La investigación impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo se centra en delitos de narcotráfico, sino que también expone una presunta relación sostenida entre actores políticos en Sinaloa y la facción conocida como . En ese contexto, el nombre de aparece como una figura clave dentro de los señalamientos.
De acuerdo con el expediente, la cercanía entre el mandatario y este grupo habría comenzado antes de su llegada al gobierno estatal. Las autoridades estadounidenses sostienen que, durante el proceso electoral de 2021, existieron encuentros con integrantes de esta organización, entre ellos , en los que se habría planteado un esquema de colaboración mutua.
Según la acusación, el respaldo no se limitó a lo político. Se describe una serie de acciones que incluyeron presión sobre adversarios, intervención en el proceso electoral y apoyo para asegurar el triunfo en las urnas. A cambio, se plantea que existiría un compromiso para permitir condiciones favorables a las actividades del grupo en el estado.
El documento también señala que, tras la elección, la relación habría continuado a través de reuniones con funcionarios y operadores políticos. En este punto, se menciona la posibilidad de que áreas de seguridad pública fueran utilizadas para facilitar operaciones, compartir información estratégica y evitar intervenciones contra integrantes de la organización.
Dentro de este entramado, se incluye la participación de otros funcionarios y mandos de seguridad, quienes, según la investigación, habrían colaborado en distintas tareas. Entre ellas, la identificación de rivales, la protección de rutas y el uso de corporaciones policiales para reforzar el control territorial.
Además, el caso retoma antecedentes que ya habían generado atención, como versiones relacionadas con reuniones entre líderes criminales y figuras políticas en años recientes. Estos elementos forman parte de una línea de investigación más amplia que busca establecer si existió una estructura de cooperación entre autoridades y el grupo delictivo.
Pese a los señalamientos, el gobernador ha rechazado cualquier vínculo y sostiene que las acusaciones carecen de sustento. En tanto, el gobierno mexicano ha señalado que corresponde a las instituciones nacionales determinar la validez de las pruebas presentadas desde Estados Unidos.
El proceso continúa en tribunales estadounidenses, donde se analiza la información recabada. Mientras tanto, el caso ha colocado en el debate la posible relación entre estructuras de gobierno y organizaciones criminales en una de las entidades con mayor actividad vinculada al narcotráfico.