La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), al confirmar su autoridad para imponer sanciones a entidades financieras que incumplan con obligaciones en materia de transparencia y control de despachos de cobranza.
El fallo deriva de un amparo en revisión promovido por una institución financiera sancionada en 2023 por no presentar reportes mensuales sobre quejas relacionadas con despachos de cobranza, obligación que debe cumplirse a través del Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). La Corte determinó que las disposiciones legales aplicables cumplen con los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica.
En su análisis, el Pleno validó el artículo 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como diversos numerales de la normativa en materia de registros ante la CONDUSEF. Con ello, concluyó que las reglas son claras, están debidamente establecidas en la ley y no permiten interpretaciones arbitrarias por parte de la autoridad.
Uno de los puntos clave de la resolución fue el reconocimiento de un plazo máximo de 180 días naturales para que la CONDUSEF emita y notifique sanciones, contados a partir del vencimiento del periodo de garantía de audiencia. Este criterio refuerza la certeza jurídica tanto para las instituciones como para los usuarios.
La entidad que promovió el amparo argumentó que la normativa no definía con precisión quiénes debían cumplir con las obligaciones ni los tiempos para sancionar. Sin embargo, la Corte rechazó estos señalamientos al establecer que el marco legal sí delimita claramente las responsabilidades, entre ellas registrarse en el REDECO, reportar incluso la ausencia de contratación de despachos y presentar informes mensuales de quejas.
Con esta resolución, la SCJN cierra un debate relevante y fortalece las facultades de supervisión de la CONDUSEF, consolidando un esquema más estricto de vigilancia sobre bancos y entidades financieras, en beneficio de la protección de los usuarios en México.