La reforma electoral de Claudia Sheinbaum ya está en la cancha de San Lázaro. Minutos después de la una y media de la madrugada, Presidencia envió el documento a la Cámara de Diputados para arrancar su ruta legislativa. Horas antes, la mandataria había confirmado que lo presentaría y dejó claro el escenario: si no se alcanzan los votos necesarios para modificar la Constitución, la propuesta quedará sobre la mesa para retomarse más adelante. También adelantó que existe un plan alterno en caso de que no prospere.
El proyecto, de 68 páginas, busca cambios en 11 artículos constitucionales. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que el texto llegó en físico y en formato digital, entregado por la Secretaría de Gobernación. Al tratarse de una reforma constitucional, se requieren 334 votos, es decir, dos terceras partes del pleno. Morena cuenta con 253 diputaciones, por lo que necesita sumar a sus aliados si quiere que la iniciativa avance.
López Rabadán señaló que su papel será conducir el debate sin inclinar la balanza. Aseguró que buscará una discusión técnica y abierta entre los 500 legisladores, y recordó que una reforma de este alcance debería construirse con el respaldo de todas las fuerzas políticas. El documento completo ya puede consultarse en la Gaceta Parlamentaria.
En el fondo, la propuesta mantiene los puntos que han generado diferencias dentro de la coalición gobernante: la nueva fórmula para elegir diputaciones plurinominales y la reducción del Senado. La Cámara de Diputados se integraría por 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. De estos últimos, 100 serían para candidaturas que no ganaron su distrito pero lograron altos porcentajes, y 100 se elegirían por listas regionales en cinco circunscripciones, incluyendo el voto de mexicanos en el extranjero.
En el Senado, el número de escaños bajaría de 128 a 96. Cada entidad elegiría dos por mayoría y uno para la primera minoría. Con ello desaparecería la lista nacional de senadurías plurinominales.
La iniciativa también ajusta el financiamiento público de los partidos, al vincularlo con el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Prohíbe el uso de recursos de origen ilícito y establece que las aportaciones privadas solo podrán hacerse por transferencia electrónica, sin efectivo.
En cuanto a autoridades electorales, se plantea que los salarios en el INE y en tribunales no superen el de la Presidencia. Aunque en versiones previas se mencionó la eliminación del PREP, el texto final no lo incluye. Sí modifica el inicio de los cómputos distritales, que arrancarían con la llegada del primer paquete electoral y no días después.
Además, se incorporan reglas sobre el uso de Inteligencia Artificial en contenidos electorales, que deberán identificarse cuando sean alterados con tecnología. También se reducen los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas, de 48 a 35 minutos diarios.
La reforma ya fue turnada a comisiones y la meta es que esté votada en ambas Cámaras antes de que termine marzo. El reto es claro: alcanzar los 334 votos o dejar el proyecto en pausa.