Redacción.- La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hizo una presentación del Índice de Impunidad Ambiental de América Latina 2023, durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional respecto a los protocolos para la protección del medio ambiente, realizado por una agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
En el marco de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), se realizaron distintos eventos en paralelo con la finalidad de fomentar el intercambio de conocimientos, establecer redes de trabajo y compartir experiencias. Uno de ellos estuvo a cargo de la UDLAP, quien alrededor del Índice de Impunidad Ambiental de América Latina 2023 (IGI Ambiental), entabló una mesa de análisis sobre la importancia de las capacidades institucionales, el acceso a la información, y el reto de operacionalizar la justicia ambiental.
Para este evento virtual, el Dr. Juan Antonio Le Clercq, académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, fue el encargado de dar una introducción del IGI Ambiental, señalando que se enfoca en los problemas relacionados a la denuncia, investigación y sanción de diversos tipos de delitos. “El índice analiza la existencia de las capacidades institucionales para hacer política ambiental, proteger ecosistemas y garantizar el derecho al medio ambiente sano; de estrategias intergeneracionales; de degradación ambiental; y crimen ambiental”.
Bajo ese sentido, la Dra. Celeste Cedillo, profesora de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, explicó que en el IGI Ambiental se analizó a 33 países de América Latina, colocándolos en tres grupos acorde a los niveles de impunidad: Chile liderea el grupo de media baja, Venezuela de media alta, Trinidad y Tobago tiene el nivel de impunidad más alto. “Esto nos está reflejando que hay necesidad de trabajar en las capacidades institucionales, en todos los retos para el alcanzar los objetivos, para bajar la degradación ambiental, el crimen ambiental y el mejorar las estrategias intergeneracionales”, agregó.
Por su parte, Azucena Cháidez, CEO de Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO) y parte del equipo de investigación del IGI Ambiental, señaló que este estudio también visibiliza la poca o nula denuncia de delitos, da seguimiento de ellos y que son muy pocos casos los reparados o castigados; esto a raíz de encontrar que el acceso a los datos no es abierto o no se genera en diversos países en América Latina, por lo cual “la falta de datos imposibilita las acciones, la falta de políticas públicas y el diseño regional que permita atender los problemas de justicia ambiental que existen en la región”.
Para Catalina Niño, directora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional en la FES (Fundación Friedrich Ebert), este esfuerzo de la UDLAP y de distintos investigadores, muestra claramente a los gobiernos donde hay espacios de mejora, si bien se ha intentado establecer programas o plataformas, no han sido lo suficientemente sólidos.
Cabe comentar que esta mesa de análisis se unió a distintas conferencias alrededor del mundo como parte de los eventos paralelos de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agencia de la Organización de las Naciones Unidas; por lo cual la UDLAP se puso en el panorama internacional junto a otras instituciones de prestigio.