Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones civiles y colectivas feministas ponen sobre la mesa una problemática persistente en México: las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas que pueden gestar.
Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos que garantizan que todas las personas puedan decidir de manera libre, informada y segura sobre su cuerpo, su sexualidad y la posibilidad de tener o no hijas e hijos. Incluyen el acceso a métodos anticonceptivos, a servicios de salud materna de calidad, a la educación sexual y al derecho a interrumpir un embarazo de forma segura donde la ley lo permite.
Sin embargo, en México estos derechos aún enfrentan importantes obstáculos. De acuerdo con organizaciones civiles, persisten altos índices de mortalidad materna, embarazo adolescente no planificado, violencia obstétrica y criminalización de personas que deciden interrumpir su embarazo. Además, muchas mujeres siguen teniendo dificultades para acceder a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva.
Uno de los principales problemas señalados es la falta de recursos suficientes para garantizar estos servicios. El Programa de Política de Salud Materna, Sexual y Reproductiva contará en 2026 con cerca de 2,991 millones de pesos, apenas 0.3 % más que el año anterior y 15 % menos que en 2019, lo que refleja una reducción en términos reales del financiamiento para atender estas necesidades.
La situación se agrava en contextos locales. Por ejemplo, en Oaxaca en 2024 se destinaron poco más de 757 mil pesos para servicios de aborto seguro, una cifra considerada insuficiente para atender a más de 1.2 millones de mujeres en el estado.
Las brechas en el acceso afectan de manera desproporcionada a mujeres en situación de pobreza, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o que viven en zonas rurales. A esto se suma la fragmentación del sistema de salud público, que dificulta identificar con claridad cuánto se invierte realmente en garantizar estos derechos.
En el contexto del 8 de marzo, organizaciones y defensoras de derechos humanos subrayan que garantizar la justicia reproductiva implica no solo avances legales —como la despenalización del aborto en varias entidades— sino también presupuestos suficientes, personal capacitado e infraestructura adecuada para asegurar servicios accesibles, seguros y dignos.
La exigencia central es que el Estado mexicano priorice los derechos sexuales y reproductivos en las políticas públicas y en la asignación de recursos, como parte fundamental de la igualdad y la autonomía de las mujeres.