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Operativo antidrogas de EE.UU. provoca reclamo de Petro por presunta violación de soberanía marítima

 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente a Estados Unidos tras un operativo en el mar Caribe que dejó a un ciudadano colombiano sin vida. Según el mandatario, la embarcación atacada por fuerzas estadounidenses no pertenecía a redes criminales, como lo aseguró Washington, sino que se trataba de un bote pesquero con una avería mecánica.

Petro afirmó que el pescador identificado como Alejandro Carranza no tenía antecedentes relacionados con el narcotráfico y pidió al gobierno estadounidense aclarar lo sucedido. Indicó que la lancha se encontraba detenida y con señales visibles de desperfecto cuando fue impactada.

El gobierno de Estados Unidos ha reportado la destrucción de seis embarcaciones desde septiembre bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en aguas internacionales. Sin embargo, el caso de Carranza sería el primero en el que se registran sobrevivientes del operativo, lo que ha intensificado el debate sobre los límites de estas acciones.

El presidente colombiano también solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación y otorgar protección a los familiares de la víctima. Propuso que el caso pueda sumarse a denuncias similares en la región para avanzar en procesos judiciales internacionales.

Las declaraciones de Petro se publicaron poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que los dos sobrevivientes del operativo serían entregados a Ecuador y Colombia para enfrentar procesos legales en sus respectivos países. Trump defendió la actuación de sus fuerzas al asegurar que el objetivo era impedir el ingreso de cargamentos ilícitos a territorio estadounidense.

El intercambio escaló aún más cuando Trump acusó a Petro de permitir el crecimiento del narcotráfico en Colombia y anunció la suspensión del apoyo financiero de Estados Unidos en materia antidrogas. Petro respondió señalando que ha sido uno de los principales impulsores de investigaciones contra redes que vinculan a grupos criminales con estructuras políticas en el país.

El gobierno colombiano espera ahora una respuesta oficial de Washington sobre la jurisdicción del operativo y las circunstancias en las que ocurrió la muerte del pescador. Mientras tanto, el caso ha reabierto el debate sobre la actuación de fuerzas extranjeras en aguas cercanas a Colombia y los protocolos aplicados en operaciones marítimas contra el narcotráfico.

 

 

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