Ciudad de México.- Este miércoles, la iniciativa de Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida formalmente en la Cámara de Diputados, marcando el inicio de una batalla legislativa que promete redefinir el costo de la política y la integración de los Poderes de la Unión.
El proyecto, que ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, no solo retoma banderas históricas del movimiento de transformación, sino que introduce candados inéditos que han encendido las alertas en las filas de la oposición.
Los ejes del “Plan C” consolidado
La propuesta central gira en torno a tres pilares que buscan, en palabras del Ejecutivo, “devolver el poder al pueblo” y generar ahorros significativos al erario público:
Adiós a los Plurinominales: La reforma plantea una reducción drástica en el Congreso. Se propone pasar de 128 a 96 senadores, eliminando las listas nacionales.
En la Cámara de Diputados, aunque se mantienen los 500 escaños, se busca que los 200 legisladores de representación proporcional sean elegidos mediante un sistema de listas regionales votadas directamente, eliminando las designaciones directas de las cúpulas partidistas.
Austeridad Partidista: Uno de los puntos más polémicos es la reducción del financiamiento ordinario a los partidos políticos. Bajo este esquema, las organizaciones políticas solo recibirían recursos públicos durante los periodos de campaña, obligándolas a sostener su estructura diaria mediante aportaciones de militantes y simpatizantes, bajo estrictas reglas de fiscalización.
Elección Popular de Árbitros: La iniciativa insiste en que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF) sean elegidos por voto ciudadano a partir de listas propuestas por los tres Poderes de la Unión.
El Tablero Político: Entre el Ahorro y el Riesgo
Mientras la bancada de Morena y sus aliados (PVEM y PT) defienden que la reforma podría generar un ahorro superior a los 20 mil millones de pesos, la oposición (PAN y PRI) ha calificado la propuesta como un “intento de asfixia” a las minorías.
“No permitiremos que se toque la autonomía del árbitro ni que se elimine la voz de quienes no piensan como la mayoría”, advirtió la dirigencia nacional del PAN, señalando que la reducción de recursos y la elección popular de jueces electorales vulnera la imparcialidad del sistema.
¿Qué sigue en el Congreso?
Tras su recepción, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. El cronograma legislativo sugiere que el debate en comisiones se intensificará durante el mes de marzo, buscando un dictamen que pueda ser llevado al Pleno antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
Al tratarse de una reforma constitucional, el bloque oficialista requiere de una mayoría calificada (dos terceras partes de los votos), lo que obligará a una disciplina absoluta de sus legisladores y, posiblemente, a una negociación de “puntos y comas” con las fuerzas minoritarias para alcanzar el número mágico.