Un grupo reducido de ex funcionarios públicos concentra pensiones que superan, en algunos casos, el salario de la persona que ocupa la Presidencia. Frente a ese panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un límite a las jubilaciones de altos mandos de confianza en empresas y organismos del Estado.
La iniciativa propone que estos ex servidores públicos reciban como máximo el equivalente a 50% del salario del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. La medida no afectará pensiones ya otorgadas bajo otros regímenes ni aplicará de manera retroactiva, pero sí marcará un nuevo tope hacia adelante. El cálculo oficial estima un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos, recursos que serían canalizados a programas sociales.
Durante la presentación del diagnóstico, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que en entidades como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banobras y Bancomext existen más de 94 mil personas pensionadas, con un costo anual que rebasa los 96 mil millones de pesos. De ese universo, más de 6 mil reciben ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo.
En Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, hay jubilaciones que van de 100 mil hasta más de un millón de pesos al mes. En Pemex y la CFE también se registran cientos de casos con percepciones por encima del salario presidencial. Además, el subsidio al impuesto sobre la renta asociado a estas pensiones implica miles de millones de pesos adicionales cada año.
Sheinbaum indicó que su propia pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no superaría los 30 mil pesos mensuales. Señaló que la reforma busca ajustar el marco legal para evitar que continúen esquemas que, desde su perspectiva, generan desequilibrios en el gasto público.