El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció que triplicó a 3,000 dólares el apoyo económico ofrecido a los migrantes que decidan “autodeportarse” voluntariamente del país. La medida fue confirmada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El estipendio está dirigido a personas que se encuentran en situación migratoria irregular y que acepten salir de Estados Unidos antes de que concluya el año. Además del pago, el programa incluye un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló en un comunicado que quienes no acepten la oferta se exponen a ser localizados, detenidos y deportados, lo que podría impedirles regresar a Estados Unidos en el futuro. La funcionaria presentó el programa como una alternativa voluntaria frente a los procesos formales de detención y expulsión.
Como parte de esta estrategia, la administración Trump lanzó en marzo la aplicación CBP Home, diseñada para facilitar el registro de personas que opten por abandonar el país de manera voluntaria. Esta plataforma sustituyó a CBP One, utilizada durante el gobierno de Joe Biden para permitir el ingreso legal de migrantes bajo ciertos esquemas.
El DHS indicó que el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona sin estatus legal asciende a aproximadamente 17,000 dólares, por lo que el programa de autodeportación representa una opción de menor costo para el gobierno federal.
Desde que asumió el cargo en enero, Trump prometió alcanzar niveles récord de deportaciones. Aunque su objetivo es expulsar a un millón de migrantes por año, hasta ahora su administración ha deportado alrededor de 622,000 personas en lo que va del año.
Funcionarios estadounidenses señalaron que el gobierno se prepara para una ofensiva migratoria más amplia en 2026, respaldada por miles de millones de dólares adicionales. Los planes incluyen la contratación de más agentes migratorios, la apertura de nuevos centros de detención y la colaboración con empresas privadas para localizar a personas sin estatus legal en el país.