Fiscalía General del Estado de Puebla informa a la ciudadanía que, en cumplimiento de su deber de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, se han iniciado las indagatorias correspondientes a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, con motivo de la salida de los servidores públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, respectivamente.
La Fiscal General del Estado reitera su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, subrayando que este organismo constitucionalmente autónomo no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias al servicio público dentro de ninguna de sus unidades administrativas.
Asimismo, la institución informa que, en el marco de una reestructuración y fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se llevaron a cabo cambios en cargos de alto nivel en distintas áreas sustantivas.
Entre los movimientos destacan los realizados en las siguientes Fiscalías:
• Fiscalía de Investigación Metropolitana.
• Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión.
• Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.
Los mencionados cambios obedecen a renuncias voluntarias de los titulares, derivadas de necesidades de índole personal y profesional, aclarando que las mismas no obedecen a ningún tema de corrupción y se realizaron conforme a los procedimientos administrativos internos establecidos.
De igual manera, se informa la designación de nuevos titulares en las siguientes Unidades Administrativas:
• Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
• Fiscalía Regional.
• Coordinación General de Investigación.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla ratifica su compromiso con la transparencia, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas para garantizar el acceso a la justicia y la atención oportuna a la ciudadanía.