La Fiscalía General de la República abrió un nuevo frente en dos investigaciones de alto impacto político y judicial. La dependencia citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por las acusaciones presentadas en Estados Unidos sobre presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa, mientras que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue llamada a comparecer como testigo por el operativo en el que participaron agentes de la CIA en la Sierra del Pinal.
La FGR informó que ambos citatorios forman parte de diligencias ministeriales y aseguró que las actuaciones buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en los expedientes. Desde la Secretaría de Gobernación también se insistió en que se trata de procedimientos legales y no de acciones con motivación política.
En el caso de Sinaloa, Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios fueron señalados por autoridades estadounidenses ante una corte federal de Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusa de recibir dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección para sus operaciones. Las autoridades norteamericanas solicitaron incluso su detención provisional con fines de extradición.
La investigación incluye al senador Enrique Inzunza, al exvicefiscal Dámaso Castro, mandos de la Policía de Investigación y exsecretarios estatales de Seguridad y Finanzas. De acuerdo con el expediente, algunos funcionarios habrían facilitado información sobre operativos y procesos judiciales relacionados con la facción de Los Chapitos. Dos de los señalados, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, ya se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense.
Tras darse a conocer el citatorio, Rocha Moya reapareció en redes sociales y aseguró que acudirá ante la FGR. El mandatario con licencia afirmó que enfrentará el proceso “con la frente en alto” y sostuvo que no tiene nada que ocultar. También confirmaron su asistencia el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
En paralelo, la gobernadora de Chihuahua deberá comparecer el próximo 27 de mayo como parte de la investigación relacionada con un operativo antinarcóticos realizado en abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos tras un accidente aéreo. La FGR investiga si la participación de agentes estadounidenses violó disposiciones de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
La dependencia ya llamó a declarar a cerca de 50 funcionarios estatales vinculados con el operativo. Campos confirmó que recibió personalmente el citatorio en el Palacio de Gobierno y aseguró que acudirá a comparecer pese a contar con fuero constitucional. La mandataria panista acusó que existe una persecución política en su contra, aunque reiteró que colaborará con las autoridades federales.
Mientras avanzan ambos expedientes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los requerimientos emitidos por la Fiscalía forman parte de procedimientos legales ordinarios y rechazó que exista un trasfondo político en las investigaciones abiertas contra autoridades de Chihuahua y Sinaloa.
