El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones contra operadores financieros y estructuras ligadas al Cártel de Sinaloa, en una acción enfocada en frenar el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero relacionado con esta organización criminal. La medida fue dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que incluyó en la lista negra a más de una decena de personas y empresas vinculadas con dos redes señaladas de mover recursos para Los Chapitos.
Según el comunicado oficial difundido este 20 de mayo en Washington, las investigaciones identificaron a Armando de Jesús Ojeda Avilés como uno de los principales operadores financieros de la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Estados Unidos asegura que su estructura se encargaba de recolectar dinero procedente de la venta de fentanilo y otras drogas en territorio estadounidense para después convertirlo en criptomonedas y enviarlo a México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Ojeda Avilés asumió el control de estas operaciones tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, quien previamente había sido señalado por utilizar transferencias electrónicas y activos digitales para mover recursos del narcotráfico. Además del lavado de dinero, el Departamento del Tesoro lo relaciona con el envío de cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Dentro de esta misma red aparece Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como intermediario en transferencias de recursos mediante direcciones de criptomonedas. También fue incluido Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de coordinar entregas de efectivo en Estados Unidos y de participar en operaciones de lavado. De acuerdo con el expediente, en 2024 un jurado federal en Colorado ya lo había acusado formalmente por tres cargos relacionados con lavado de dinero usando activos digitales.
La OFAC también señaló al empresario Alfredo Orozco Romero, a quien vincula como asesor de seguridad y operador de cobros relacionados con cargamentos de cocaína. Las sanciones alcanzaron además a la empresa Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas, ubicados en México y presuntamente administrados a través de familiares y personas cercanas.
El Departamento del Tesoro explicó que esta red utilizaba negocios, prestanombres y plataformas digitales para mover recursos sin pasar por mecanismos tradicionales de supervisión financiera. La investigación fue realizada junto con la DEA, grupos especiales de seguridad nacional y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
La segunda estructura incluida en las sanciones está encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado como operador del Cártel de Sinaloa desde hace casi dos décadas. Washington lo acusa de coordinar tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia distintas ciudades estadounidenses.
Estados Unidos informó que González Peñuelas enfrenta acusaciones federales desde 2017 y 2018 en cortes de California y Colorado. Desde enero de 2024, la DEA ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita localizarlo o lograr su captura. Según el Tesoro, sus operaciones tienen presencia en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
En esta red también fueron sancionados Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, señalados de participar en producción, distribución de drogas y movimientos de dinero para la organización criminal.
El gobierno estadounidense recordó que el Cártel de Sinaloa fue clasificado como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025. Además, reiteró que la facción de Los Chapitos mantiene control sobre buena parte del tráfico de fentanilo debido a su acceso a precursores químicos y laboratorios clandestinos instalados en Sinaloa.
En el informe también se menciona a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes continúan prófugos y son señalados como líderes actuales de Los Chapitos. En contraste, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López permanecen bajo custodia en Estados Unidos.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes, cuentas y activos de los involucrados dentro de territorio estadounidense. Además, ciudadanos, bancos y empresas tienen prohibido realizar operaciones financieras o comerciales con las personas y compañías señaladas. El Departamento del Tesoro advirtió que instituciones extranjeras podrían enfrentar restricciones si facilitan movimientos relacionados con los sancionados.
Washington señaló que estas medidas forman parte de una estrategia para bloquear las estructuras financieras del narcotráfico, limitar el uso de criptomonedas en operaciones ilícitas y presionar a las redes vinculadas con el tráfico internacional de fentanilo.