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Estos son los políticos señalados de vínculos con el narco en Sinaloa

Redacción.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este 29 de abril de 2026 una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel.

La acusación, que vincula directamente a la cúpula del gobierno sinaloense con las operaciones de “Los Chapitos” y la facción de Ismael “El MayoZambada, marca un punto de ruptura diplomático a solo semanas de que inicie el Mundial de Fútbol 2026. Según los documentos judiciales, los señalados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de protección institucional, filtración de operativos y logística para el tráfico de fentanilo y cocaína hacia la frontera norte.

La Lista de los Acusados: Del Palacio de Gobierno a las Corporaciones

La fiscalía estadounidense no solo apunta a la cabeza del Ejecutivo estatal, sino que describe una red de complicidades que abarca el Poder Legislativo, el sistema de justicia y los mandos policiales. Estos son los nombres clave señalados por Washington:

El factor “Mayo” Zambada

El caso contra Rocha Moya cobró tracción tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, quien en una misiva pública aseguró que el día de su detención había sido citado a una reunión donde supuestamente participaría el gobernador y el finado Héctor Melesio Cuén. Aunque Rocha negó sistemáticamente los vínculos durante casi dos años, las pruebas presentadas hoy en Nueva York sugieren que la relación era estrecha y de larga data.

“No son simples acusaciones de oídas; contamos con registros financieros, testimonios de cooperadores y comunicaciones interceptadas que muestran cómo se puso la estructura del Estado al servicio del fentanilo”, declaró un portavoz del Departamento de Justicia bajo anonimato.

Reacciones y Crisis Política

Desde Culiacán, el gobernador Rocha Moya calificó la acusación como una “violación a la soberanía” y un ataque político orquestado desde el extranjero. Por su parte, el Gobierno Federal ha mantenido una postura cauta, señalando que “no se han entregado pruebas suficientes”, mientras que la oposición exige la separación inmediata del cargo de todos los implicados para enfrentar el proceso legal.

Con esta acción, Estados Unidos eleva la presión sobre la estrategia de seguridad mexicana, dejando claro que, para Washington, la línea entre el servicio público y el crimen organizado en Sinaloa ha dejado de existir.

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