Una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México terminó suspendida este lunes luego de que legisladoras de distintos partidos protagonizaran empujones, jalones de cabello y golpes durante la discusión del dictamen que plantea la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).
El incidente ocurrió cuando se debatía la creación de un nuevo órgano de transparencia que quedaría integrado a la Contraloría Jurídica. La diputada del PAN Daniela Gisela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, acusó desde la tribuna que Morena incumplió un acuerdo previo para que el nuevo organismo fuera colegiado y no encabezado por una sola persona.
Álvarez afirmó que su bancada tomaría la tribuna para impedir que se vulnerara el derecho a la transparencia y acusó a la mayoría de Morena de buscar imponer un “supercontralor”. Tras su intervención, diputadas y diputados del PAN colocaron carteles en la tribuna con consignas contra la desaparición del InfoCDMX, lo que provocó que legisladores de Morena intentaran recuperarla por detrás de la Mesa Directiva.
El enfrentamiento escaló cuando varias diputadas subieron al mueble de la Mesa Directiva. En ese momento se registraron jalones de cabello y golpes entre las legisladoras Yuriri Ayala, Daniela Álvarez, Claudia Pérez y Rocío, lo que obligó al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, a intervenir para intentar calmar la situación. Pese a los llamados al orden, la confrontación derivó en la suspensión de la sesión.
Durante el altercado, el diputado del PT Ernesto Villarreal acusó a PAN y PRI de bloquear sistemáticamente procesos de rendición de cuentas. Mientras tanto, Sesma pidió un receso ante los daños al recinto y las agresiones entre legisladores.
El debate se enmarca en la propuesta impulsada por el gobierno capitalino para transformar el InfoCDMX en un órgano desconcentrado adscrito a la Contraloría General. Autoridades y legisladores oficialistas han señalado que se trata de una adecuación al mandato constitucional, mientras que la oposición sostiene que la reforma debilita la autonomía en materia de transparencia.