La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma a la Ley de Amparo con una mayoría sólida: 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, entre ellas la de la morenista Olga Sánchez Cordero, quien se negó a respaldar el dictamen sin matices. Aunque Morena y sus aliados celebran el avance como una medida para “devolver al amparo su esencia”, la oposición advierte que se trata de un golpe directo a uno de los principales mecanismos de defensa ciudadana frente al poder.
El tema que más encendió el debate fue la retroactividad de la ley. El Senado había incluido un artículo que permitiría aplicar las nuevas reglas incluso a casos pasados, lo que encendió alarmas en distintos sectores. La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia y pidió eliminar esa parte por considerarla inconstitucional. Para evitar mayores fracturas, el Pleno retiró dicho transitorio, aunque el tema no quedó del todo resuelto.
Durante la sesión, Sánchez Cordero apoyó la reforma “en lo general”, pero advirtió que limitar los amparos colectivos podría afectar a comunidades enteras. Desde la Presidencia, Arturo Zaldívar insistió en que no habrá retroactividad, pero aun así pidió mayor claridad en la redacción para evitar interpretaciones peligrosas.
A pesar de ello, la inconformidad creció. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano desplegaron mantas con frases como “Salvemos el amparo” y “No a la dictadura”, acusando al oficialismo de querer debilitar los contrapesos institucionales. Argumentan que con los cambios, organizaciones ambientalistas, colectivos y activistas tendrían más obstáculos para detener obras o decisiones del gobierno.
Morena rechaza esa narrativa y asegura que el amparo se había convertido en una herramienta para frenar políticas públicas y proteger privilegios. Según el diputado Julio César Moreno, la reforma no busca cancelar derechos, sino impedir que se utilice el juicio como escudo para evasores fiscales o grandes intereses privados.
La discusión continuará en lo particular, con más de 300 reservas sobre la mesa, aunque la mayoría oficialista solo planea aceptar unas cuantas.