Después de un debate que se prolongó por más de diez horas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión, con la que se busca unificar la definición y sanción de este delito en todo el país. El dictamen fue avalado con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, y ahora será turnado al Senado para su revisión.
La nueva legislación establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio y que las denuncias podrán presentarse de forma anónima, a través del número 089. También contempla el bloqueo de teléfonos celulares en los centros penitenciarios y el uso de bienes decomisados a los responsables para reparar el daño a las víctimas.
De acuerdo con el documento aprobado, la pena básica para quien cometa extorsión será de seis a quince años de prisión y multas de entre 100 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, el castigo podrá aumentar si se acredita alguna de las 34 agravantes contempladas, entre ellas el llamado “cobro de piso”, cuando la víctima sea menor de edad, migrante o persona con discapacidad, o si el responsable es servidor público.
Uno de los puntos más debatidos fue la sanción para funcionarios que, teniendo conocimiento del delito, omitan denunciarlo. La propuesta inicial contemplaba penas de 10 a 20 años de prisión, pero tras una reserva impulsada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, se redujo a 5 a 12 años. Según explicó el legislador, la medida busca mantener un principio de proporcionalidad penal, ya que “la omisión no puede castigarse igual que la comisión del delito”.
Durante la discusión, diputados del PAN y del PT advirtieron que las nuevas penas podrían generar la liberación anticipada de sentenciados en entidades donde la legislación local impone castigos más severos, como Chihuahua, donde la condena puede alcanzar los 30 años.
Con esta ley, México contará por primera vez con una norma general para enfrentar la extorsión, un delito que afecta a personas, comercios y empresas en todo el territorio nacional.