Ciudad de México.- En una sesión marcada por la confrontación externa y el consenso interno de la mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, la reforma al artículo 127 de la Constitución. El cambio legal, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece un tope infranqueable a las jubilaciones de servidores públicos: ninguna podrá superar el 50% de la percepción neta del titular del Ejecutivo Federal.
Con una votación contundente de 458 votos a favor, la reforma avanza para eliminar los pagos que, en casos extremos dentro de organismos como Pemex, CFE y la banca de desarrollo, llegaban a rozar el millón de pesos mensuales. Para este 2026, el límite real para estas pensiones se fijará en aproximadamente 67,145 pesos netos mensuales.
El debate de la retroactividad: ¿Derechos ganados o privilegios?
Mientras en la tribuna los legisladores de Morena y sus aliados defendían la medida como un acto de “justicia distributiva” y ahorro presupuestario —estimado en 5 mil millones de pesos anuales—, la oposición y grupos de jubilados alertaron sobre un posible vicio constitucional.
La controversia principal radica en la retroactividad. La reforma estipula que los límites se aplicarán incluso a las pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. “Es un precedente peligroso que vulnera derechos adquiridos”, acusaron diputados de la oposición, señalando que la ley no debería afectar acuerdos laborales previos.
San Lázaro bajo asedio
Afuera del recinto legislativo, la atmósfera fue distinta. Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y Bancomext intentaron irrumpir en el Palacio de San Lázaro, siendo contenidos por el personal de resguardo. Los manifestantes denuncian que la reforma no solo afecta a “magnates” de la burocracia, sino a cuadros técnicos de confianza que dedicaron décadas al servicio público bajo contratos colectivos específicos.
Excepciones y lo que sigue
Un detalle que ha levantado suspicacias entre los analistas es la exclusión del personal de las Fuerzas Armadas, quienes no se verán afectados por estos ajustes, manteniendo sus regímenes de seguridad social intactos. También quedan exentas las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales.
Tras la aprobación en lo general y el desahogo de las reservas en lo particular, la minuta —que ya cuenta con el aval previo del Senado— será enviada a los Congresos locales. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere la ratificación de al menos 17 legislaturas estatales antes de ser promulgada por la Presidenta de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación.