El caso por el homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sumó este martes nuevos movimientos judiciales y políticos. La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de tres personas presuntamente vinculadas con el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el centro de la ciudad. De manera paralela, la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, presentó una denuncia penal contra tres figuras de Morena, a quienes señala como parte de una línea de investigación relacionada con el crimen.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que las capturas se realizaron en el municipio de Tarímbaro como parte de operativos derivados del seguimiento del caso. Los detenidos estarían conectados con un presunto operador identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, señalado como pieza dentro de la estructura que habría participado en el atentado. La autoridad indicó que la indagatoria continúa abierta para ubicar a más implicados.
El asesinato ocurrió durante un evento público en la plaza principal de Uruapan. Esa noche, Manzo fue atacado con armas de fuego y falleció más tarde en un hospital. Desde entonces, la investigación ha derivado en detenciones previas, aseguramientos y la revisión de posibles vínculos con células delictivas. Las autoridades mantienen como principal hipótesis la participación de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En paralelo al avance judicial, Quiroz acudió a la Fiscalía estatal para formalizar acusaciones contra el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy y el exalcalde Ignacio Campos Equihua. La alcaldesa sostiene que existen elementos que justifican ampliar la investigación hacia un posible móvil político. Como parte de la denuncia, entregó grabaciones de intervenciones públicas realizadas por su esposo antes del ataque.
Los señalados rechazaron cualquier relación con el homicidio y calificaron las acusaciones como parte de una disputa política. El debate ha escalado mientras seguidores del llamado Movimiento del Sombrero se manifestaron afuera de la Fiscalía para exigir que se agoten todas las líneas de investigación.
El contexto se amplía con tensiones locales por decisiones administrativas recientes y cuestionamientos entre autoridades estatales y municipales. Aunque el gobernador ha descartado persecución política, el caso mantiene presión pública por el avance de la investigación y la exigencia de esclarecer responsabilidades.