Desmantelan presunta red de “aviadores” en el Edomex; daño al erario asciende a 96 millones de pesos
Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México derivó en la detención de 33 personas, entre servidores públicos en funciones, exfuncionarios y particulares, por su presunta participación en una red dedicada a incorporar “aviadores” a la nómina del gobierno estatal. De acuerdo con las autoridades, el esquema operaba al menos desde 2021 y habría provocado un daño al erario estimado en 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026, con pagos quincenales cercanos a 4 millones de pesos por salarios, aguinaldos, primas y bonos.
Las investigaciones señalan que los implicados asignaban plazas docentes a personas que nunca desempeñaban funciones. Incluso, algunos de los propios funcionarios involucrados se otorgaron plazas con sueldos cercanos a 50 mil pesos mensuales para garantizar beneficios laborales y de jubilación. La Fiscalía también detectó que varios de los investigados mantenían un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos, al realizar viajes internacionales, adquirir bienes de alto valor y habitar inmuebles de alta plusvalía.
Las denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) permitieron identificar al menos 459 altas irregulares de personal. Las indagatorias revelaron que funcionarios de distintas dependencias compartían accesos al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y a la plataforma META 4 para registrar de forma fraudulenta a supuestos docentes en planteles inactivos, con el objetivo de evitar que fueran detectados.
La red presuntamente operaba mediante reclutadores que captaban familiares, amigos y personas de confianza para prestar sus datos personales. Una vez registradas las plazas, terceros conservaban las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios y posteriormente retiraban el dinero para distribuirlo entre los integrantes del grupo. En algunos casos, quienes figuraban como docentes recibían apenas 6 mil pesos de depósitos que alcanzaban los 200 mil pesos, mientras el resto era repartido entre los operadores del esquema.
La Fiscalía también identificó capturistas encargados de realizar altas sin cumplir los requisitos administrativos. Algunos efectuaron más de 70 movimientos irregulares y recibían pagos de hasta 5 mil pesos por cada registro. Las altas se realizaban durante la madrugada y se alternaban las cuentas utilizadas para dificultar su rastreo. Además, los responsables autorizaban licencias, pagos y adscripciones en escuelas con claves de centros de trabajo inactivos ubicados en municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Metepec y Zumpango, entre otros.
Entre los detenidos se encuentran exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, coordinadores, subdirectores, capturistas y personal de las secretarías de Finanzas, SECTI, Seguridad, Oficialía Mayor y Bienestar. Cinco personas promovieron amparos contra las órdenes de aprehensión, mientras que otro exservidor público relacionado con el caso fue localizado sin vida en abril de este año y su fallecimiento continúa bajo investigación.
Del 28 de junio al 4 de julio de 2026, 28 de los acusados fueron vinculados a proceso; 27 permanecen en prisión preventiva en el penal de Santiaguito. La Fiscalía sostiene que los hechos constituyen múltiples actos independientes de abuso de autoridad y fraude, por lo que las sanciones podrían acumularse por cada alta irregular acreditada durante el proceso judicial.
