Familiares de Cesar Augusto “N”, quien fue detenido por el delito de robo de relojes de lujo así como de casa habitación en el 2018 y exonerado en el 2020 acudieron este día a las instalaciones de la FGE de Puebla para solicitar el apoyo de las autoridades y del gobernador del estado de Puebla Miguel Barbosa para que cese la presunta persecución en contra de su hijo, quien denunció y logró que encarcelaran a 5 policías por torturarlo durante su primer detención.
Hercilia Pinto, madre de César “N.” expuso los hechos en los cuales su nuera e hijo fueron detenidos en el 2018, siendo liberada la primera, Lucero Aguirre en octubre del 2019 y posteriormente liberado al demostrar su inocencia el 13 de febrero del 2020.
Pero la señora Hercilia no dejó las cosas así, levantó una denuncia por tortura contra los uniformados que detuvieron a su hijo, demostrando su culpabilidad, por lo que fueron detenidos y en torno al Ministerio Público recibió una amonestación por parte de la comisión de Derechos Humanos medio año después de la liberación del joven de 28 años de ascendencia Colombiana.
La información compartida por la madre del ahora detenido informó que dos policías municipales de Puebla identificados como Óscar N y Guadalupe N, fueron encarcelados y tres más, Roberto N, Yessica N y Uriel N, se encuentran en investigación, pero en libertad mientras que de los dos primeros aún se espera la etapa del juicio oral para determinar si son o no culpables.
Derivado de ello, la madre del ahora detenido, comenzó a recibir diversas amenazas tanto vía telefónica, como presenciales fuera de su domicilio por vehículos sin placas y además de algunas patrullas hostigando y amenazando a Cesar Augusto con meterlo a la cárcel en represalia por la detención de los elementos policiales.
El pasado 2 de junio Cesar Augusto fue detenido nuevamente ahora por el delito de posesión de arma de fuego y delitos contra la salud lo cual se suman las amenazas de vincularlo con el secuestro y asesinato de Sandra Portillo, la joven que fue secuestrada el pasado 27 de abril del presente año en el municipio de Amozoc y cuyo cuerpo fue localizado sin vida un mes después al interior de una cisterna
Por tanto, la madre pide la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta para evitar que nuevamente su hijo sea víctima del presunto ajuste de cuentas por la detención de los policías y la llamada de atención de la CNDH hacia el ministerio público antes mencionado.