Autoridades de Argentina detuvieron en Buenos Aires al contralmirante mexicano Fernando Farías Lagunas, quien era buscado por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos vinculada al llamado “huachicol fiscal”. La captura se realizó con fines de extradición, tras una orden internacional emitida en su contra.
De acuerdo con fuentes federales, el exmando de la Secretaría de Marina permanecía prófugo desde agosto del año pasado. Su detención se logró mediante mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad, con la participación de autoridades argentinas y organismos como Interpol.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la acción y destacó el intercambio de información entre países para concretar la captura. En el operativo también participaron la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República —a través de Interpol México y la FEMDO—, así como el Centro Nacional de Inteligencia.
Según los reportes, Farías Lagunas portaba un pasaporte falso de Guatemala al momento de su detención. Se prevé que en los próximos días enfrente una audiencia de reconocimiento ante autoridades argentinas, paso previo al proceso de extradición hacia México.
El caso está relacionado con una red dedicada al ingreso ilegal de combustible procedente de Estados Unidos, mediante esquemas de simulación de importaciones. Por estos hechos, en septiembre pasado fue detenido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con otros funcionarios presuntamente implicados en la operación.
Ambos exmandos fueron dados de baja de la Secretaría de Marina mediante procedimientos administrativos realizados en septiembre y diciembre, respectivamente.
Por su parte, la defensa legal del contralmirante señaló que no ha recibido notificación oficial por parte de las autoridades mexicanas sobre la detención, y que tuvo conocimiento del hecho a través de medios de comunicación. No obstante, indicó que se encuentra preparada para actuar en el proceso legal y vigilar que se respeten los derechos humanos y procesales de su representado.
Las autoridades mexicanas han reiterado que continuarán las investigaciones para esclarecer la operación de esta red y determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.
