La detención de Enrique Díaz Vega en Europa marcó la caída del segundo exfuncionario ligado a la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
Díaz Vega, quien ocupó la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, aceptó entregarse de inmediato a autoridades estadounidenses luego de ser arrestado en territorio europeo, según información difundida por fuentes de seguridad norteamericanas. Hasta ahora, ni el país donde fue detenido ni los cargos oficiales en su contra han sido revelados públicamente.
Su captura ocurrió apenas días después de la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, arrestado esta semana en Arizona por autoridades federales de Estados Unidos. El exfuncionario, de 66 años, quedó bajo custodia tras ser señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Documentos judiciales estadounidenses indican que Mérida enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para tráfico de drogas y posesión de armas. Su nombre apareció recientemente dentro de una investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente ligados a operaciones del crimen organizado.
Ambos casos forman parte de una indagatoria más amplia impulsada por autoridades estadounidenses, que apunta a una posible red de protección política y financiera relacionada con “Los Chapitos”, facción vinculada al Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el caso de Enrique Díaz, reportes de periodistas especializados y documentos de investigación lo ubican como presunto enlace entre integrantes del grupo criminal y funcionarios del gobierno estatal. Las acusaciones señalan que habría participado en reuniones, designaciones dentro de áreas estratégicas y movimientos financieros relacionados con pagos ilícitos desde 2021.
Además de las investigaciones criminales, el exsecretario de Finanzas también quedó bajo revisión por el crecimiento de su patrimonio inmobiliario durante los últimos años. Declaraciones patrimoniales y registros públicos muestran adquisiciones de propiedades valuadas en más de 130 millones de pesos, la mayoría pagadas de contado.
Díaz Vega también aparece como socio en diversas empresas dedicadas al sector inmobiliario, agrícola, automotriz y de construcción. Parte de esas compañías mantenían relaciones comerciales con grupos empresariales cercanos al entorno político sinaloense.
Las detenciones de ambos exfuncionarios aumentaron la presión sobre el entorno político del gobierno de Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades estadounidenses incluyeran a varios nombres ligados a la administración estatal dentro de investigaciones relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.