Este domingo, el Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez como presidenta municipal interina, luego de la detención del alcalde Diego Rivera Navarro y otros funcionarios la semana pasada. La decisión se tomó en sesión oficial, donde Rodríguez obtuvo la mayoría de los votos frente a otros perfiles analizados para asumir el cargo, en un escenario marcado por la ausencia del edil titular.
Entre las opciones consideradas figuraban el síndico en funciones, Omar Alejandro Ramírez Vélez, y el síndico con licencia Fernando Contreras Salazar. También se mencionó al regidor Guillermo Cordero, del PAN. Tras la votación, el Cabildo optó por Rodríguez, quien formaba parte del equipo político que llevó a Rivera Navarro a la presidencia municipal.
El nombramiento ocurre mientras continúan las investigaciones contra el exalcalde y exservidores públicos, señalados por su presunta participación en un esquema de extorsión contra empresas del sector tequilero y cervecero, así como posibles vínculos con un grupo delictivo. Hasta ahora, autoridades han confirmado la detención de varios funcionarios municipales relacionados con el caso.
De acuerdo con su información curricular, Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez. Su experiencia en el servicio público comenzó en 2019 en la Secretaría del Bienestar, donde participó en tareas de atención ciudadana. En 2024 asumió como regidora del Ayuntamiento de Tequila, integrándose a comisiones relacionadas con salud, medio ambiente y participación social.
Tras su designación, la alcaldesa interina negó la existencia de extorsiones desde el Ayuntamiento y afirmó que su gestión operará de manera independiente. Estas declaraciones se dan en medio de testimonios de comerciantes que forman parte de las indagatorias oficiales, en las que se investiga la actuación de funcionarios municipales.
La llegada de Rodríguez a la presidencia municipal abre una etapa de transición administrativa mientras avanzan los procesos legales. El Cabildo mantiene el funcionamiento del gobierno local bajo seguimiento institucional, en espera de que las autoridades definan la situación jurídica de los implicados.