Con 336 votos a favor y la aprobación mayoritaria de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, la Cámara de Diputados avaló este lunes 14 de octubre de 2024 la reforma que modifica sustancialmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este dictamen busca transformar el proceso de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. A escasas horas de que el Senado emita la convocatoria para los próximos comicios judiciales, programados para el 1 de junio de 2025, la reforma ha generado intensas críticas desde diversas bancadas.
Durante la discusión del dictamen, uno de los señalamientos más enérgicos provino del priista Rubén Moreira, quien calificó la reforma como un “acto de venganza” en contra del Poder Judicial. “Esto no es una reforma de justicia, es una venganza.
Se está echando a la basura la experiencia de muchas personas en el Poder Judicial”, advirtió el legislador, lamentando la pérdida de acciones afirmativas como la posibilidad de elegir jueces indígenas y señalando errores en la redacción de las iniciativas. Además, Moreira resaltó que el dictamen no asegura el voto en el extranjero, una cuestión que consideró fundamental.
La reforma aprobada contempla modificaciones a 53 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de dar un giro en la forma en que se eligen las personas juzgadoras, tanto a nivel federal como estatal.
Entre los cambios más significativos está el otorgamiento de nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), que ahora podrá designar sin votación previa del Consejo General a los responsables de la capacitación electoral, fiscalización, y resolución de quejas electorales, entre otras atribuciones.
Asimismo, el dictamen incluye la creación del “Libro Noveno” en el que se especifica la integración del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas.
En este nuevo marco legal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y los jueces y magistrados de los tribunales locales, serán elegidos por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y las leyes locales.
Esta reforma ha suscitado una fuerte oposición, particularmente por el impacto que podría tener en la independencia del Poder Judicial y en la estructura actual del sistema de justicia.
Críticos del dictamen advierten que la concentración de poder en manos del INE y la eliminación de la votación interna para la elección de algunos cargos podría comprometer la transparencia y equidad en los procesos electorales judiciales.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, el dictamen fue aprobado también en lo particular con 342 votos a favor y 128 en contra cerca de las 20:00 horas. Este avance legislativo abre la puerta a un proceso de reconfiguración en el Poder Judicial que ha sido calificado por sus defensores como una medida necesaria para democratizar la elección de jueces y magistrados, mientras que sus detractores lo ven como un riesgo que pone en entredicho la independencia judicial.
La convocatoria del Senado para los comicios judiciales del 2025 será clave para determinar el alcance real de estos cambios y cómo impactarán en la operación de los tribunales federales y locales, así como en el acceso a la justicia en México.