El luchador mexicano Alberto del Río, conocido también como El Patrón, fue detenido la noche del lunes en una zona residencial de San Luis Potosí, luego de que su pareja pidiera auxilio tras ser presuntamente agredida. De acuerdo con el reporte policial, la mujer logró llamar al 911 en medio del ataque y, cuando elementos de la Guardia Civil arribaron, la encontraron con golpes visibles en el rostro y los brazos. El ex campeón de la WWE fue arrestado de inmediato y trasladado a la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso correspondiente.
Las autoridades investigan el caso bajo el delito de violencia familiar, que en San Luis Potosí puede castigarse con penas de uno a siete años de prisión, además de sanciones económicas. Sin embargo, la situación podría agravarse: si la Fiscalía determina que las agresiones ocurrieron bajo razones de género, Del Río podría enfrentar un cargo que eleva la condena potencial hasta 20 años de cárcel.
La legislación local clasifica como violencia de género las lesiones que humillan, degradan o se cometen en un contexto previo de amenazas o intimidación, una línea que los investigadores ya analizan como parte del expediente.
La detención del luchador vuelve a colocarlo en el centro de la polémica. Alberto Rodríguez —su nombre real— ha tenido una carrera marcada por éxitos en el ring y constantes controversias fuera de él. Proveniente de una dinastía de luchadores, hijo de la leyenda Dos Caras y hermano de El Hijo de Dos Caras, inició su camino deportivo en la lucha grecorromana, donde obtuvo medallas internacionales y destacó en competencias panamericanas.
Con el tiempo pasó a la lucha profesional, debutó como Dos Caras Jr. y más tarde alcanzó fama mundial en la WWE, donde obtuvo campeonatos y protagonismo. También incursionó en las artes marciales mixtas y recientemente participó en proyectos televisivos y eventos de entretenimiento, como La Granja VIP y Ring Royale.
Fuera de los reflectores, Del Río suele mostrarse como padre dedicado de tres hijos, con quienes comparte momentos en redes sociales. Hoy, sin embargo, enfrenta un proceso legal que podría convertirse en uno de los episodios más difíciles de su vida pública. Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras la víctima recibe atención médica y apoyo institucional.