La Cámara de Diputados, en una sesión atípica que comenzó con retrasos y en una sede alterna, aprobó en lo general la controvertida reforma al Poder Judicial, la cual incluye la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Con 359 votos a favor y 135 en contra, el dictamen fue avalado tras un extenso debate de más de once horas que concluyó alrededor de las 4:15 de la madrugada.
Durante la discusión, que se realizó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca debido al bloqueo de los accesos a la Cámara por parte de trabajadores del Poder Judicial, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, defendió la reforma calificándola como un clamor del pueblo que está “harto de la dictadura de la toga y el birrete”.
La sesión, programada inicialmente para las 10:00 horas, comenzó casi siete horas después por complicaciones logísticas relacionadas con el cambio de sede. Monreal, desde una tribuna improvisada, reafirmó su postura: “No vamos a titubear”, en alusión al compromiso de su bancada con la reforma.
Leonel Godoy, también líder morenista, expresó su apoyo al dictamen, destacando que la reforma busca una “justicia digna, democrática y beneficiosa para el país”. A pesar de que la reforma fue aprobada en lo general, aún se encuentran en debate las propuestas de modificación de los diversos partidos políticos, con un total de 1,600 reservas, de las cuales sólo 68 serán discutidas.
Los partidos de oposición, desde tempranas horas, dejaron claro su rechazo a la reforma. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no solo se opusieron al cambio de sede para la sesión, sino que también manifestaron su desacuerdo con el contenido de la reforma. Sin embargo, la mayoría calificada de Morena y sus aliados fue suficiente para avanzar en la aprobación del dictamen.
Paulina Rubio, diputada del PAN, criticó duramente la reforma, acusando al presidente de buscar venganza contra un Poder Judicial que se ha mantenido firme. Desde el PRI, Jericó Abramo Masso advirtió que la reforma compromete la independencia judicial, alineándola con los intereses del Poder Ejecutivo y Legislativo, poniendo en riesgo el futuro democrático del país. En tanto, Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, argumentó que la reforma no solo no resolverá los problemas de justicia en México, sino que agravará los existentes y creará nuevos obstáculos para las futuras generaciones.
