25 de junio: Día Mundial de la Diversidad Sexual, entre la conmemoración y la violencia que persiste
Cada 25 de junio el calendario marca una fecha pensada para poner sobre la mesa un tema que sigue generando debate en buena parte del planeta: el respeto a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de cualquier persona. El Día Mundial de la Diversidad Sexual nació como un espacio para visibilizar a la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, además de abrir la conversación sobre el derecho que tiene cualquiera a vivir su sexualidad sin miedo ni señalamientos.
Conviene aclarar algo que suele confundirse: esta fecha no debe mezclarse con el Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se conmemora tres días después, el 28 de junio, en memoria de los disturbios de Stonewall ocurridos en 1969 en Nueva York. Aquella noche, clientes y vecinos de un bar respondieron a una redada policial con varios días de protestas, episodio que terminó convirtiéndose en el parteaguas del movimiento moderno por los derechos de la diversidad sexual y que, un año después, dio pie a las primeras marchas del Orgullo. El 25 de junio, en cambio, funciona como una jornada paralela centrada en la reflexión: invita a reconocer que ninguna persona debería enfrentar discriminación por quién ama o cómo se identifica, y refuerza la idea de que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que no admite excepciones.
Dentro de los hitos que dan contexto a esta conmemoración aparece un dato clave: el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, cerrando así décadas de patologización médica hacia esta población.
En México, el camino legal ha tenido avances propios: en 1999 el tema se incorporó al Código Penal y Civil de la capital del país, y para 2011 la preferencia sexual quedó protegida en la Constitución, lo que prohíbe cualquier forma de discriminación motivada por esta razón. El matrimonio igualitario, por su parte, terminó de extenderse a todas las entidades del país en octubre de 2022.
¿Cuántas personas LGBT+ hay en México?
De acuerdo con cifras del INEGI, en territorio mexicano viven aproximadamente cinco millones de personas mayores de 15 años que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, lo que equivale a una de cada veinte personas de ese rango de edad. Es un sector poblacional que, pese a contar con marcos legales cada vez más amplios, sigue enfrentando barreras notorias en el acceso al empleo, la salud y la educación. Un ejemplo: según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, a las mujeres trans se les niega trabajo cuatro veces más que a las mujeres cisgénero.
La violencia que no se detiene
Aquí es donde la fotografía se complica. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT —en el que participa la Fundación Arcoíris— ha documentado que entre 2014 y la actualidad se acumulan al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en el país, lo que coloca a México como una de las naciones con mayor incidencia de este tipo de delitos en la región. El año con más registros fue 2024, con 148 casos entre homicidios, desapariciones y hechos sin resolver. Las mujeres trans concentran la mayor parte de las víctimas: estudios especializados calculan una tasa de homicidios contra esta población siete veces superior a la que enfrentan las mujeres cisgénero.
La impunidad agrava el panorama. Especialistas señalan que la falta de un registro oficial unificado, la escasa tipificación del delito por orientación sexual o identidad de género en los códigos penales estatales —solo trece entidades lo contemplan como agravante— y la ausencia de perspectiva de género en los procesos judiciales dejan la mayoría de estos crímenes sin resolver. El caso de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada en 2016 en la Ciudad de México, se convirtió en símbolo de esta lucha y dio origen a la llamada Ley Paola Buenrostro, aprobada en 2024 para tipificar el transfeminicidio en la capital.
Lo que ocurre en Puebla
El estado de Puebla no escapa a esta realidad. Organizaciones civiles como Vida Plena Puebla han documentado al menos 87 crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual entre 1996 y la actualidad, la mitad de ellos contra mujeres trans. Los municipios con mayor número de casos son la capital poblana, Tehuacán, Atlixco e Izúcar de Matamoros. La plataforma Visible, por su parte, contabiliza 139 agresiones documentadas en la entidad entre 1995 y 2025.
El dato que más preocupa a los colectivos locales tiene que ver con la justicia: de todos esos casos, la Fiscalía General del Estado únicamente reconoce seis sentencias condenatorias, apenas un 4% de lo registrado por las organizaciones civiles. Activistas como Adán Cuamatzi han insistido ante el Congreso local en la necesidad de legislar específicamente sobre el transfeminicidio, una figura que hoy no existe en el código penal poblano. La cifra negra, advierten, es enorme: se calcula que siete de cada diez víctimas en el estado no denuncian las agresiones que sufren, ya sea por desconfianza institucional, miedo a represalias o por la revictimización que suelen enfrentar al acudir a las autoridades.
A nivel nacional, el panorama reciente muestra una ligera disminución en el número de agresiones reportadas, aunque organizaciones como Letra Ese advierten que esto no necesariamente refleja menos violencia, sino los límites de un sistema de registro que depende casi por completo de notas periodísticas y del trabajo de colectivos civiles, ante la ausencia de estadísticas oficiales completas.
