En medio de la polémica por las acusaciones emitidas desde Estados Unidos, el gobierno federal mexicano fijó su postura sobre el proceso que seguirá el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que cualquier decisión dependerá de la revisión legal que realicen las instituciones del país.
La mandataria detalló que la solicitud enviada por autoridades estadounidenses fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez la turnó a la Fiscalía General de la República. Esta instancia será la encargada de analizar los elementos presentados y determinar si existen pruebas suficientes para avanzar en un posible proceso de extradición.
Sheinbaum subrayó que no habrá decisiones automáticas. Señaló que el procedimiento contempla una investigación interna, cuyos resultados deberán regresar a la cancillería para definir si se responde favorablemente a la petición de Estados Unidos. En ese sentido, insistió en que todo se resolverá conforme al marco legal mexicano.
Sobre el contenido de la acusación, la presidenta mencionó que incluye testimonios y documentos cuya validez aún debe ser verificada. También planteó dudas sobre el origen de algunas pruebas, como declaraciones de testigos no identificados y registros financieros que presuntamente vinculan a funcionarios con el Cártel de Sinaloa. Afirmó que será la Fiscalía quien determine su consistencia jurídica.
La titular del Ejecutivo también hizo énfasis en que este tipo de señalamientos no tiene precedentes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Añadió que el gobierno federal mantendrá su postura de no permitir intervenciones externas en procesos internos, al tiempo que se respetan los acuerdos de cooperación.
Por su parte, Rocha Moya rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no tienen sustento. En un mensaje dirigido a la población, sostuvo que continuará con sus actividades al frente del gobierno estatal y que no modificará su agenda. Además, afirmó contar con el respaldo de la presidenta.
El caso se mantiene en una etapa de revisión, mientras autoridades mexicanas analizan la información enviada desde Estados Unidos. La resolución dependerá de los resultados que arroje la investigación en curso y de la valoración jurídica que se realice en territorio nacional.
