Puebla, Pue.- La mañana de este viernes 14 de noviembre, un grupo de familiares de personas privadas de su libertad (PPL) protagonizó una enérgica protesta frente a las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, bloqueando el Camino al Batán en ambos sentidos.
Los manifestantes exigen una intervención inmediata del gobierno estatal para frenar lo que denuncian como una situación insostenible de extorsión y tortura sistemática al interior del penal.
Con pancartas en mano, dirigieron su mensaje al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y al director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, pidiendo que sus seres queridos dejen de ser víctimas de cobros indebidos “por todo”.
Los Reos Señalados: Piden Traslado de “Los Primitivos” y “El Nenuco”
La demanda central de los familiares se enfoca en el traslado urgente de tres internos específicos a otros centros penitenciarios, a quienes identifican como los presuntos responsables de la red de corrupción y abuso. Se trata de Rubén Primitivo Hernández, Miguel Primitivo Hernández (conocidos como “Los Primitivos”), y Marcos Pavón, alias “El Nenuco”.
Según los denunciantes, estas personas son quienes comandan las agresiones, la venta de droga, la renta de teléfonos y los cobros por protección que asfixian económicamente a los internos y, por ende, a sus familias. “Mis familiares han sufrido torturas y extorsión”, se leía en una de las mantas que colocaron sobre la vialidad.
Antecedentes de la Crisis
La manifestación se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto el foco en la gobernabilidad del penal. Hace unos días, a finales de octubre, se difundieron en redes sociales videos que evidenciaban una fiesta clandestina con la presencia de alcohol y mujeres al interior del Cereso.
Apenas el martes por la noche se había realizado un operativo de inspección en el penal. Sin embargo, los familiares señalan con suspicacia que dicha revisión no incluyó la zona de Visita Íntima, donde supuestamente se encuentra uno de los líderes señalados: Marcos Pavón.
Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido una postura oficial sobre la protesta ni sobre las graves acusaciones de extorsión y falta de control, manteniendo a los familiares a la espera de una respuesta que garantice la seguridad y dignidad de sus internos.
